ECONOMIANegocian préstamo de $ 200 millones ante el
BID
Chávez recibe leyes de seguridad social sin consenso en
pensiones ni en saludEn un período
de 5 años, la cotización para gastos médicos se reducirá a 2% del
salario y se cubrirá con aportes fiscales. En 2004, los organismos
públicos deberán suprimir la contratación de pólizas de
hospitalización, cirugía y maternidad
"La seguridad social es un tema polémico. Existen muchos
intereses y diferentes puntos de vista ideológicos, económicos y
sociales. Por esa razón, desde hace 3 años se vienen arrastrando
acuerdos y desacuerdos". El comentario fue hecho por el ministro de
Finanzas, José Alejandro Rojas, al confirmar que será hoy cuando el
presidente Hugo Chávez reciba los anteproyectos de leyes que regirán
el sistema previsional.
Rojas está consciente de que falta camino por recorrer. En primer
término, las propuestas de leyes irán acompañadas de observaciones
formuladas por los miembros de la Comisión para la Seguridad Social,
que objetaron las conclusiones. En segundo lugar, del propio
Gobierno podrían surgir críticas. Finalmente, la discusión central
sobre esta materia se dará en la Asamblea Nacional.
Un tema que marcará el debate parlamentario es el futuro de los
regímenes especiales de pensiones que existen en los organismos
públicos. En relación con este punto, Rojas advirtió que las leyes
"no tocan ese aspecto", pero no dudó en exponer su criterio: "Está
claro que esos regímenes deben desaparecer progresivamente, en la
medida en que las nuevas generaciones se incorporen al nuevo sistema
de pensiones".
Aseguró que los costos fiscales de la transición son sostenibles
y se cubrirán en un período de 40 años. Sin embargo, la firma
evaluadora de riesgo Euromoney considera que si se cumple al pie de
la letra con todas las normas de seguridad social que establece la
Constitución, los costos se elevarán a 4,4 millardos de dólares
anuales. La cifra representa cerca de 4,6% del producto interno
bruto, o un monto superior a 20% del presupuesto público.
En tal sentido, durante las deliberaciones técnicas de la
comisión se insistió -según reveló una fuente- en que la aplicación
simultánea de todos los preceptos consagrados en la Carta Magna
generaría un costo fiscal que podría ser financieramente
inviable.
En las reuniones, se llegó a exponer que si se opta por
universalizar la pensión mínima a todos los jubilados del país
(aproximadamente 1,9 millones de personas), el Estado tendría que
aportar 4 billones de bolívares, monto que representa cerca de 24%
del gasto público del año pasado.
Por lo pronto, el ministro Rojas es optimista, pese a que en la
Comisión de Seguridad Social no se logró la unanimidad de criterio
en relación con las pensiones. Aseguró que su despacho continúa en
negociaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo para obtener
un préstamo por 200 millones de dólares, recursos que se utilizarán
como capital para la creación de las nuevas instituciones de la
seguridad social.
En cinco años El ministro de Salud y Desarrollo Social
saliente, Gilberto Rodríguez Ochoa, también admitió que el
anteproyecto de ley de salud fue criticado por tres representantes
del sector empresarial: Alberto Cudemus, Juan Blanco Uribe y Pedro
Luis Garmendia. Estos argumentaron que la propuesta "no toma en
cuenta la oferta de servicios del sector privado".
El funcionario les recordó que la Constitución consagra que el
financiamiento del sistema público de salud es obligación del
Estado, que está regido por el principio de gratuidad y que obliga a
asignar un presupuesto fiscal destinado al logro de los objetivos de
política sanitaria que fije el Gobierno.
"Tenemos la visión de que un financiamiento exclusivamente fiscal
permitiría un sistema más equitativo", argumentó Rodríguez
Ochoa.
Asimismo, señaló que en los 2 años inmediatos a la aprobación de
la ley, los organismos públicos deberán eliminar la contratación de
pólizas de hospitalización, cirugía y maternidad.
Explicó además que en el lapso de 5 años se contempla cambiar la
actual cotización que realizan patronos y empleados para el gasto
médico, la cual se reduciría de 6,25% a 2% del salario de cada
trabajador. Igualmente, se estipula que las asignaciones para la
salud se incrementen durante ese período de 2,6% a 4,6% del PIB. Con
ello, pasarían de 2,4 millardos de dólares a un monto en el orden de
4,4 millardos de dólares. |